Casa Para Todos

Las nuevas políticas de vivienda de interés social han implicado significativos cambios en los papeles de los sectores público y privado. El sector público ha asumido por lo general como regulador del sector; como gestor del sistema de subsidios directos a la demanda de viviendas, y como agente “subsidiario” en determinados papeles que el sector privado no está en condiciones de desempeñar adecuadamente. El sector privado ha tomado la responsabilidad en la construcción de viviendas de interés social, y también ha proporcionado crédito hipotecario a su financiamiento en condiciones de mercado.

Por su parte, los hogares de menores ingresos han aportado ahorros al financiamiento de sus viviendas y también lotes de terreno para construcción en terreno propio.  (Held, 2000, pág. 5).

En el marco de la Misión Casa para Todos, el Estado a través del Presupuesto General deberá proveer de los recursos necesarios para la ejecución del proyecto de inversión que se elabore para la construcción de viviendas de interés social y, por otro lado a través del aporte de los privados como inversionistas extranjeros y alianzas público privadas que contribuyan a la dinamización del empleo y la economía nacional.

La Misión, abarca la modalidad de viviendas 100% subvencionadas dirigidas a aquellos núcleos familiares que se encuentran en pobreza y pobreza extrema y que no poseen vivienda o la misma se encuentra en estado irrecuperable. Otra modalidad corresponde a las viviendas de interés social en copago que incluye subsidio a la cuota inicial y/o la tasa de interés, dirigida a población de bajos ingresos. Para la vivienda en modalidad copago se establecen dos opciones: modalidad de arriendo con opción a compra y crédito hipotecario, dependiendo del valor de la vivienda y de la capacidad de pago de la población.