El juez cuarto de garantías penales de la provincia de Esmeraldas, Adrián Bonilla, ordenó prisión preventiva para tres personas acusadas por el presunto delito de estafa. La detención se realizó después de la visita de la Secretaría Técnica de Prevención de Asentamientos Humanos Irregulares a la parroquia La Unión, cantón Quinindé, realizada el jueves 15 de agosto.  Durante esta inspección, los tres detenidos fueron señalados como supuestos traficantes de tierras.

En esta localidad se encontró un lote de terreno fraccionado en 81 manzanas, con 14 terrenos de aproximadamente10m. por 20m., que no contaban con la respectiva autorización municipal. El lote le pertenece a la Unidad de Gestión y Ejecución de Derecho Público (UGEDP) del Fideicomiso AGD – CFN No más impunidad.
La inspección de los predios se realizó en compañía del Comisario Nacional de Policía y en coordinación con la Jefatura Política de Quinindé. Se encontraron una gran cantidad de casas abandonadas, pero los pocos habitantes del sector señalaron a los dirigentes de la Asociación de Viviendas Comunitarias Las veletas del  Tambo, también conocida como Comité Promejoras Renacer del Tambo, como responsables del asentamiento, venta, entrega de certificados de posesión y de amedrentamiento en cuanto “ponerse al día”    en las cuotas.
Además, en el sitio se encontraron planos, una carpeta con las manzanas y solares con los nombres de los presuntos compradores, quienes no viven ahí aún, pero se reúnen todos los domingos para verificar los avances de los supuestos trámites en instituciones públicas y para pagar “la cuota de administración”, es decir el costo del terreno.

Los traficantes de tierras cobran a una familia por un terreno entre 1000 y 4000 dólares. Además controlan todos los servicios: luz, agua, transporte, comercio. Esto significa que una familia invasora paga aproximadamente 300 dólares mensuales al traficante de tierras, por concepto de terreno, luz, agua y guardianía.  Con esos mismos recursos o incluso con menos esa familia puede acceder legalmente a un plan habitacional del Gobierno y vivir de forma digna, con todos los servicios básicos.

Par denunciar a los traficantes de tierras, la ciudadanía puede llamar a la línea 1800 INVASIONES (468274). La lucha contra las invasiones es una tarea de todos.
La audiencia de formulación de cargos y flagrancia se efectuó el 15 de agosto del 2013, en el juzgado de la misma localidad.